martes, agosto 4, 2026

Con permiso para engañar / Feliciano J. Espriella

Fecha:

Olor a dinero

Por: Feliciano J. Espriella

Martes 4 de agosto de 2026

Con permiso para engañar

Durante años, medios y comunicadores han operado bajo una regla no escrita: informar y opinar sin distinción, mezclar publicidad con contenido, y dejar fuera a millones de personas con discapacidad. La nueva propuesta de la CRT busca terminar con ese permiso tácito para engañar. Y, previsiblemente, ya despierta resistencias entre quienes más se han beneficiado de él.

Durante décadas, los mexicanos fuimos receptores pasivos frente al televisor o la radio: aceptábamos lo que nos daban, sin derecho a réplica efectiva. Hoy, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) propone cambiar esas reglas con los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Lejos de ser una imposición técnica, es un kit de defensa ciudadana que atiende tres pilares que la industria se ha negado a autorregular por voluntad propia.

El primero es la distinción clara entre información y opinión. ¿Cuántas veces un conductor da una noticia y, acto seguido, emite un juicio que suena a verdad absoluta sin advertirlo? Los lineamientos obligarán a usar elementos visuales o sonoros —plecas o cortinillas, es decir, avisos en pantalla o sonoros que marcan el cambio— para que el público sepa exactamente cuándo termina el dato duro y cuándo empieza el comentario personal. Esto no es censura; es honestidad intelectual frente al micrófono.

El segundo pilar es la separación tajante entre publicidad y contenido. El “product placement”, o la publicidad disfrazada de consejo de salud o recomendación periodística, es un engaño al bolsillo y a la confianza del público. La norma exige que la publicidad sea identificable como tal, evitando que se venda un producto bajo la ilusión de información neutra.

El tercer pilar es la accesibilidad universal. Por primera vez se toma en serio a las audiencias con discapacidad: se obligará a los medios de mayor cobertura a incluir lengua de señas mexicana, subtitulaje oculto y audiodescripción en horarios estelares. Es un acto de justicia elemental —el derecho a la información es para todos, no solo para quienes pueden oír o ver sin dificultad—, y plantea una pregunta incómoda para el gremio: ¿cuántas veces un comentarista ha vendido su opinión personal como si fuera un hecho comprobado?

Conviene subrayar, además, que el documento no es definitivo. La CRT abrió un proceso de consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto de 2026, en el que ciudadanos, académicos y las propias empresas del sector envían sus perspectivas para pulir los lineamientos antes de su implementación. Esto muestra que el gobierno no busca un “decretazo”, sino una construcción colectiva que escuche todas las voces —incluidas las de quienes temen perder sus privilegios de manipulación—.

Cuesta trabajo, entonces, calificar de “autoritaria” una ley que invita a académicos y ciudadanos a opinar antes de aprobarse.

Dicho esto, resulta fascinante —y un tanto cómico— observar la indignación de la llamada mediocracia, ese entramado de medios y poder que hoy se rasga las vestiduras gritando “censura”. Muchos de esos mismos actores guardaron silencio cuando convenía: basta recordar el pacto que sellaron con el expresidente Felipe Calderón para administrar, o mejor dicho ocultar, la realidad de la violencia en el país. En aquel entonces no les preocupaba el derecho a saber de los mexicanos, sino no afectar la imagen del gobierno a cambio de mantener en paz sus concesiones y beneficios.

Esos mismos guardianes de la libertad que hoy rechazan la figura de un Defensor de la Audiencia independiente son quienes no movieron un dedo cuando comunicadores críticos fueron despedidos bruscamente por incomodar al poder —algunos incluso terminaron expatriados para poder seguir ejerciendo su oficio—.

Para estos críticos, parece que la libertad de expresión solo es sagrada cuando protege sus contratos publicitarios y su permiso para engañar. Ahora que se intenta empoderar al ciudadano con un Código de Ética real y mecanismos de queja efectivos, de pronto “la democracia corre peligro”. Menos hipocresía y más respeto a la audiencia, que ya no es el espectador ingenuo que ellos suponen.

La pregunta, entonces, es qué querrían en realidad: un permiso liso y llano para engañar. Porque, tácitamente, lo han tenido y lo han usado a su antojo.

Por hoy fue todo. Gracias por su tolerancia y hasta la próxima.

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