Olor a dinero
Por: Feliciano J. Espriella
Viernes 24 de julio de 2026
Leyes de niños para adultos que votan
La ley electoral mexicana parte de una sospecha: que, sin silencios obligados y calendarios estrictos, no sabríamos distinguir propuesta de propaganda. Mientras el mundo confía en el criterio del votante adulto, aquí se nos regula como alumnos de primaria, y el actual proceso de coordinadores de Morena lo demuestra una vez más.
Hay una premisa incómoda detrás de cada reforma electoral mexicana de las últimas tres décadas: que el ciudadano común es incapaz de distinguir entre información y manipulación, y que por lo tanto hay que protegerlo de la política como se protege a un niño de primaria del tráfico.
Precampañas acotadas a semanas, restricciones que convierten cualquier aparición, consigna o referencia a un funcionario en materia de interpretación electoral, topes de tiempo en radio y televisión, sanciones que se diluyen en tribunales durante años: todo ese andamiaje parte de una sola idea, y hay que decirla sin eufemismos, porque es lo que realmente piensan quienes lo diseñaron: que si nos dejaran ver política todo el año, no sabríamos procesarla. Que somos, en los hechos, disminuidos mentales que necesitan un adulto en el salón.
Basta comparar con otras democracias. En Estados Unidos un político puede anunciar con mucha anticipación que buscará la presidencia, organizar mítines, recaudar fondos y conceder entrevistas, aunque desde ese momento queda sujeto a reglas de financiamiento, registro y fiscalización. Francia y Reino Unido tampoco son territorios sin regulación: tienen periodos fiscalizados, límites de gasto y obligaciones contables.
La diferencia no es que esas democracias permitan todo, sino que su regulación se concentra principalmente en el dinero, la transparencia y la equidad. México, en cambio, pretende decidir hasta cuándo una aspiración puede pronunciar su nombre y en qué fecha una reunión política deja de ser inocente para convertirse en campaña.
En México ocurre lo contrario. La ley da por hecho que no soportamos esa exposición sin confundirnos, y construye una arquitectura de plazos, ventanas y silencios obligatorios digna de un salón de clases: aquí se calla, aquí se habla, aquí toca examen. Y lo peor es que ese aparato es puro teatro. Cualquiera que haya vivido un proceso electoral reciente sabe que las “precampañas encubiertas” son secreto a voces: funcionarios que recorren el país “informando” sobre obra pública meses antes del periodo legal, apoyos sociales entregados con calendario electoral perfectamente calculado, actos que técnicamente no son proselitismo pero que cualquiera reconoce como tal.
La ley no impide la campaña permanente; solo la obliga a disfrazarse. Castiga al que respeta la letra y premia al que domina el eufemismo. Es una regulación pensada para gente que, según el legislador, no distingue un evento de gestión de un mitin disfrazado, aunque cualquier taxista del país sí lo distingue perfectamente.
Esto viene a cuento por lo que ocurre ahora con los procesos internos de Morena para designar a sus coordinadores en el país. Apenas se instalan los mecanismos y ya cada gira, cada “encuentro con la militancia”, se interpreta como el arranque de facto de una carrera hacia el siguiente cargo. Y la sospecha es correcta: así opera el sistema real, aunque el sistema legal finja lo contrario.
Morena no inventa esta simulación; la hereda de todos los partidos que la practicaron antes. La diferencia es que ahora, como oficialismo, además cuenta con el aparato del Estado como caja de resonancia, lo que hace todavía más absurda la pretensión de que existe un “antes” y un “después” legal de la política.
Se puede argumentar, de buena fe, que los topes buscan evitar que quien ya tiene el poder lo use para perpetuarse sin control. Es válido en el papel. Pero la experiencia mexicana demuestra que la restricción no resolvió ese riesgo: solo le cambió el vocabulario. El funcionario que quiere reelegirse o saltar de cargo lo hace igual; nada más aprendió a no llamarlo por su nombre.
El mensaje de fondo sigue siendo el mismo: no confían en que el votante mexicano tenga el criterio para escuchar política sin supervisión de un tutor. Se nos trata como menores de edad o como retrasados mentales que necesitan que alguien decida cuándo es momento de hablarnos de las cosas serias. Mientras esa desconfianza no cambie, seguiremos teniendo leyes que no impiden nada, solo obligan a la simulación, y a un electorado tratado, una vez más, como si no pudiera decidir por sí mismo.
Si quieren profundizar en este tema, los invito mañana a las 6:10 AM por La Caliente 90.7 FM. Mi buen amigo José Ángel Partida me abre nuevamente espacio en su noticiero para entrarle a fondo al análisis. Nos escuchamos por ahí.
Por hoy fue todo. Gracias por su tolerancia y hasta la próxima.
