Olor a dinero
Por: Feliciano J. Espriella
Miércoles 15 de julio de 2026
ICE: la barbarie con placa
Lo ocurrido con Lorenzo Salgado Araujo no fue un accidente aislado ni una operación que “salió mal”. Fue la consecuencia de una política que convirtió al migrante en enemigo, las calles estadounidenses en territorio de cacería y al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en una fuerza que actúa con armas y una alarmante sensación de impunidad.
Para entender la violencia actual de las agencias migratorias en Estados Unidos, no hay que mirar las noticias de ayer, sino los mapas del siglo XVII. Lo que hoy enfrentan los migrantes en la frontera y en las calles de Houston o Chicago no es un error del sistema, sino la evolución de una estructura de poder que nació con los colonos ingleses. Aquellos “parias” y aventureros no buscaban convivir, sino implementar una “colonización de asentamiento” cuyo objetivo era reemplazar por completo a la población local para reclamar la propiedad del territorio.
Este modelo exigió la eliminación física y cultural de los pueblos originarios. Desde el uso de mantas contaminadas con viruela para provocar epidemias hasta las marchas forzadas como el “Camino de Lágrimas”, donde murieron 4,000 personas por hambre y agotamiento, el despojo ha sido sistemático. Esta estructura genocida se ha transformado: el “enemigo” ya no es solo el indígena, sino el migrante pobre, visto hoy bajo la retórica de Donald Trump como un “invasor” que justifica una respuesta de guerra.
El ICE entendió el mensaje. Sus agentes irrumpen en centros de trabajo, domicilios y calles, algunos encapuchados, sin identificación visible ni cámaras corporales, con facultades para detener, encerrar y, como se ha visto, matar.
Las cifras no mienten. En los primeros 500 días del segundo mandato de Trump murieron 52 personas bajo custodia del ICE, la tasa de mortalidad más alta en más de una década y casi el cuádruple de la registrada con Joe Biden. Al mismo tiempo, la población detenida pasó de unas 40 mil personas a más de 70 mil. No son “daños colaterales”: son muertes bajo responsabilidad del Estado.
Lorenzo Salgado Araujo, mexicano de 52 años y trabajador de la construcción con décadas viviendo en EEUU, conducía la mañana del 7 de julio hacia una obra en Houston cuando fue interceptado en un operativo migratorio. Un agente del ICE le disparó en el abdomen.
La versión oficial sostiene que Salgado intentó embestir a los agentes. Pero tres hombres que viajaban con él lo contradicen: aseguran que los agentes no se identificaron y que ninguno estaba frente al vehículo al momento del disparo. No existe grabación de cámara corporal que aclare los hechos.
Peor aún, los testigos fueron detenidos por el propio ICE. Uno de ellos, hermano de Lorenzo y clave para esclarecer la muerte, enfrenta ahora la posibilidad de ser deportado: la institución señalada por matar a un hombre controla también la libertad de quienes podrían desmentirla. Eso no es transparencia, es intimidación institucional.
Los Texas Rangers informaron que ninguna autoridad federal o local les pidió investigar el homicidio. El FBI, en cambio, abrió inicialmente una investigación por posible agresión contra un agente federal: la prioridad quedó expuesta al investigar primero a la víctima que al tirador.
El sistema judicial también ha dado cobertura. En septiembre de 2025, la mayoría conservadora de la Corte Suprema suspendió las restricciones a las redadas indiscriminadas en el sur de California, dejando abierta la puerta a que la apariencia latina, el oficio, el acento o hablar español sirvan como criterios de detención. En Estados Unidos, tener rostro latino empieza a parecerse a portar una orden de aprehensión.
A esta maquinaria se suma un negocio multimillonario: cerca del 90% de los detenidos por el ICE permanece en instalaciones administradas por operadores privados como GEO Group y CoreCivic, cuyos ingresos crecen con cada detención. La crueldad dejó de ser solo política; también cotiza en bolsa.
México ha documentado la muerte de 17 connacionales durante el segundo gobierno de Trump —14 bajo custodia migratoria y tres en operativos—. Ante la falta de resultados diplomáticos, el gobierno de Claudia Sheinbaum acudió a fiscalías estatales y al Departamento de Justicia para pedir investigaciones penales, anunció acciones civiles contra empresas ligadas a los centros de detención y solicitó la intervención de organismos internacionales.
Es un paso necesario, pero deberá traducirse en nombres, responsables y consecuencias; de lo contrario, las notas diplomáticas solo se cambiarán por expedientes judiciales igualmente destinados al archivo.
Lo que ocurre en Estados Unidos ya no puede describirse solo como una política migratoria severa: es una ofensiva institucional contra una población deshumanizada. El uniforme, la placa y el discurso de seguridad nacional no convierten la barbarie en legalidad.
Por hoy fue todo. Gracias por su tolerancia y hasta la próxima.
