El Juglar de la Red
Por Rafael Cano Franco
Viernes 14 de febrero de 2025
A esconderse como Pancho Villa
La decisión asumida por el gobierno de Estados Unidos de denominar terroristas a cuatro grupos criminales que operan en México, El Salvador y Venezuela, tiene implicaciones que van más allá de una simple cacería militar de sus líderes, también debe impactar en el sistema financiero y en las relaciones empresariales de esas organizaciones criminales y hasta en los vínculos gubernamentales que puedan tener.
Para el caso de México, la Fiscalía de General de Estados Unidos ubicó en esa lista a los cárteles de Sinaloa y al Jalisco Nueva Generación, ambos considerados los mayores fabricantes y exportadores de fentanilo al vecino país del norte. Ambas agrupaciones tienen un poderío financiero que les permite corromper a todo tipo de autoridades, influir en procesos electorales y controlar zonas enteras de territorio.
Pero su capacidad de fuego no tiene par con el de Estados Unidos, de hecho, el enorme poder que acumulan estas agrupaciones en México obedece más a la existencia de un gobierno corrupto que es proclive a aceptarles las prebendas a cambio de permisividad para sus acciones, protección para sus actividades y hacerse de la vista gorda ante su presencia.
En los llamados gobiernos neoliberales, estos grupos también mantuvieron vínculos con el gobierno, pero se sentaban a negociar y lo hacían desde una posición de debilidad; pero cuando estos grupos paulatinamente se fueron fortaleciendo: primero convirtieron a las corporaciones municipales en sus subalternos; luego, financiado campañas políticas doblegaron a los gobernantes que impulsaron y ya con esos controles dejaron de negociar para asumir el rol de “patrones” y mandar lo que les convenía.
Que ahora el gobierno de Estados Unidos considere a estos grupos como terroristas, no solamente significa que los van a cazar e intentarán eliminarlos en el más amplio sentido del término, también se deben considerar otros aspectos.
Si estas agrupaciones están clasificadas como terroristas, entonces el sistema financiero está limitado a tratar con ellos y todos aquellos que de alguna manera apoyen en el lavado de dinero, que los financie o que se preste como fachada empresarial para facilitarles el acceso a los sistemas bancarios, estará proscrito y también deberá ser sancionado.
Si el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación son ahora agrupaciones terroristas, entonces también debemos preguntarnos qué papel va a jugar el propio gobierno de Estados Unidos con las armerías de Arizona y Texas, que son las principales proveedoras de armas de estos grupos ¿las va a sancionar? ¿las va a perseguir y encarcelar? ¿Se hará de la vista gorda y las obviará como terceros en discordia?
No se puede soslayar que el éxito de estos grupos tiene profundas raíces en sus relaciones comerciales con Estados Unidos; ¿a las empresas que colaboren con ellos y que tienen su centro de operaciones en territorio norteamericano se les catalogará como socios, cómplices, amigos, para a partir de eso tomar represalias por esas relaciones?
Viene luego la postura gubernamental.
La presidente de México, Claudia Sheinbaum viene hablando de cooperación con Estados Unidos, pero la decisión de catalogarlos como terroristas a estos grupos criminales fue unilateral y las acciones también parece seguirán esa misma ruta.
Es obvio que una decisión de esa naturaleza termina por exhibir al gobierno federal de México, al que el propio Donald Trump calificó como “narco gobierno”, luego entonces estará por verse si Estados Unidos confía su información de inteligencia, lo cual implica explicar si la obtuvo acorde a las leyes mexicanas, con el riesgo de que sea filtrada y esto permita la fuga de los objetivos humanos a desactivar o si por el contrario, hacen a un lado a todo lo que huela a gobierno mexicano para actuar por cuenta y riesgo de ellos mismos.
La realidad es que Estados Unidos no requiere colaboración del gobierno de México para cumplir con sus objetivos, ellos pueden solos con el paquete y tienen la tecnología, los recursos materiales, el dinero y el personal para sobrellevar una cacería en México.
Compartir información de inteligencia y exponer sus planes de acción con los enviados de Claudia Sheinbaum, sería una manifestación de confianza plena; negarle acceso a eso y no darle participación, es posicionar todavía más la etiqueta de que tenemos un “narco gobierno”.
Lo que se avecina es una cacería, de pronto los líderes de esos cárteles se convirtieron en los nuevos Osama Bin Laden o Sadam Hussein; al igual que ellos, los capos mexicanos van a esconderse y como Pancho Villa verán a las fuerzas punitivas que los buscan desde alguna cueva en algún remoto paraje de la sierra de Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa o en algún pueblo de Jalisco.
Se van a ocultar el tiempo necesario y tratarán de dar la impresión de que sus actividades cesaron; está por verse si reciben ayuda, de quién y con qué finalidad.
Pero que no se les olvide: Estados Unidos sacó de debajo de la tierra a Sadam Hussein; mató en su casa de seguridad a Osama Bin Laden y todo eso lo hicieron basados en la experiencia que les dejó cazar fallidamente a Pancho Villa.
¿Gasolina o huachicol?: he ahí el dilema
El Partido Acción Nacional viene proponiendo una iniciativa para que la gasolina magna no rebase el tope de los 20 pesos por litro, el mecanismo implicaría reducir los Impuestos Especiales (IEPS) que se agregan y que repercuten en el costo final al consumidor, con ello sería el gobierno federal quien sacrificaría ingresos y no los ciudadanos; pero la mayoría de Morena y aliados se negaron a aceptar la propuesta.
Vino entonces la reacción gubernamental
Según el gobierno federal, la gasolina no debe costar más de 24 pesos por litro, pero existen lugares donde el costo es muy superior y ante esto la primera medida fue realizar una acción de desprestigio a las empresas gasolineras que no respetaban el tope identificándolas a los usuarios con mantas donde se les acusaba de “careros”.
Pero esa medida fue más anecdótica que efectiva y por ello el gobierno federal tomó más en serio el tema y acordó pactar de manera “voluntaria” con las empresas expendedoras; el supuesto acuerdo sería un precio de la gasolina magna en un parámetro de 22 pesos por litro para las terminales de Pemex y de 24 pesos para el resto de las empresas, esto como precio máximo al consumidor final.
En primera instancia la medida será de aparente beneficio para los consumidores. Al final de cuentas ¿quién se puede molestar por una reducción aparente en el precio del principal combustible para los vehículos y cuyo valor tiene un efecto dominó en todos los bienes y servicios disponibles en el mercado? Creo que nadie.
Pero este acuerdo tiene también sus lados oscuros.
De entrada, el gobierno no sacrifica sus ingresos obtenidos vía impuestos, pero además en la inmensa mayoría de las terminales de Pemex el precio es superior a los 22 pesos por litro, sostener ese precio va a obligar a Pemex a generar un subsidio para poder sostener ese precio y se sabe que las condiciones financieras de la paraestatal no están para ese tipo de medidas y esa acción solamente agravarán su situación.
El precio de la gasolina está integrado por tres aspectos: el coste per se de la gasolina que es de un 50 por ciento de su venta al público que son 13.50 pesos y que se determina por lo que marcan los precios internacionales; se agrega un 40 por ciento de impuestos (10.50 pesos por litro) y un 10 por ciento de los gastos de operación de las empresas que son dos pesos.
La medida no repercute ni el precio que se determina por lo que marcan los mercados internacionales, ni en los impuestos, esto impacta directamente en los costos de operación y derivado de lo anterior es que algunas empresas no puedan recuperar esos costos de operación haciendo el negocio inviable.
Lo anterior puede derivar en dos rutas a seguir para seguir dentro del negocio: vender litros que no son litros o adulterar con otros ingredientes, como el agua, la gasolina que se expende.
Lo fácil y correcto era modificar el precio a la baja con la eliminación de una parte del porcentaje fiscal, pero para el gobierno federal eso es tanto como sacrificar sus propios ingresos apretándose el cinturón, optó entonces por una medida demagógica y populista que no le causa dolor y que sí lastima al empresario y a la larga al consumidor.
Tips cortitos pa´no enfadar:
1.- El senador por Sonora, Manlio Fabio Beltrones consideró que la Ley del Infonavit no contiene mecanismos que garanticen un manejo trasparente de los recursos de los trabajadores y con ese argumento es que emitió su voto en contra de esa nueva Ley que fue aprobada en el Senado de la República con el voto de Morena y aliados.
La nueva Ley deja abierta la posibilidad de que el gobierno federal decida sobre los fondos y aportaciones que hacen trabajadores y empresarios al Infonavit, sin que tenga contrapesos y con ello permite el uso discrecional de esos recursos que no le pertenecen, pero de los cuales ahora puede disponer a su antojo, lo cual lesiona tanto a los trabajadores como a los empresarios.
La nueva Ley del Infonavit convierte a esa institución en una empresa constructora de vivienda, algo que ya fracasó en el pasado, pero es la estrategia gubernamental para tratar de cumplir la meta de construir medio millón de viviendas.
2.- ¡Eran muchos y parió la abuela! El INE dio luz verde a la organización “México Republicano” para que inicie el proceso de constituirse como partido político nacional y en caso de lograrlo participar en los próximos procesos electorales; su propuesta política se sintetiza como republicana y conservadora.
Entre las ideas que promueve están: defender el crecimiento económico y el libre mercado; promover una clase media fuerte e independiente; impulsar un desarrollo basado en la libertad individual y la productivas; combatir el modelo estatista y clientelar con el fin de fortalecer las instituciones democráticas.
Este proyecto lo encabeza Juan Iván Peña Neder, quien antes militó en el PRI, Partido Nueva Alianza y en Redes Sociales Progresistas donde se desempeñó como estratega político y funcionario público; dicho lo anterior se aprecia la mano de la maestra Elba Esther Gordillo.
Otros Juglares:
–“La iniciativa amerita una serie de ajustes necesarios para dejar completa seguridad sobre la transparencia del uso de los recursos de trabajadores y también de empresarios, recordemos que son aportaciones que ellos han hecho y que deben de salvaguardarse y cuidarse”.
Lo dijo el senador Manlio Fabio Beltrones al argumentar las razones por las cuales emitió un voto en contra de la nueva Ley del Infonavit que fue aprobada en el Senado de la República.
Gracias por su atención, hasta el lunes si Dios quiere. ¡¡Salud!!
