El Juglar de la Red
Por Rafael Cano Franco
Viernes 29 de noviembre de 2024
El debido proceso
A estas alturas está muy claro que Jonathan “N” y la médico veterinaria, ambos detenidos y vinculados a proceso por participar en el secuestro de otro jovencito, enfrentan cargos que difícilmente van a librar, pero además las declaraciones y los testimonios que tiene la Fiscalía General de Justicia no dejan muchas dudas sobre su participación y probablemente lo que ahora se investiga es si hay otras personas involucradas en estos hechos.
El caso ha tenido muchas implicaciones mediáticas, algunos medios de comunicación se asumieron como defensores y voceros de la familia de Jonathan, entendiendo que esa posición se pudo tomar por las expresiones de la mamá, quien en un vídeo salió a decir que su hijo era un buen muchacho y pedía, en medio del llanto, que sus captores lo soltaran.
Luego de que fue liberado, la familia del joven salió a decir que tenía balazos en sus piernas y los medios de comunicación que la apoyaban dieron rienda suelta a una versión irreal; la misma Fiscalía General de Justicia salió a decir que el muchacho no tenía esas lesiones y si acaso, él y la otra joven, tenían una afectación a su salud, era una deshidratación que se estaba atendiendo sin mayores complicaciones.
Hasta ahí todo era un tira tira: la familia dando una versión y la Fiscalía desmintiéndola y asegurando que tenía elementos, pruebas, declaraciones y testimoniales que daban cuenta de que Jonathan y la joven veterinaria estaban metidos hasta el tuétano en la comisión del delito.
Sin embargo, la carencia de credibilidad de la Fiscalía la ponía en desventaja frente a la versión falsa de la familia. Lo dicho por la familia y los medios que la apoyan se imponían a la versión de la FGJE y por más esfuerzos que hacía el fiscal Rómulo Salas Chávez terminaba siendo superado.
El propio gobernador Alfonso Durazo abordó el tema varias veces, siempre pidiendo un tratamiento responsable por parte de los medios de comunicación y estableciendo que ambos jóvenes detenidos ni cerca estaban de la versión dada por su familia de las personas que perfilaban, incluso hizo un llamado a los padres de familia para que pusieran más atención de las actividades y personas con quienes se involucran sus hijos. A Durazo Montaño solamente le faltó declararlos culpables y emitir una sentencia, así era su convencimiento del grado de responsabilidad que ambos jóvenes tienen.
Pero así como se presentaron acciones irresponsables por algunos medios de comunicación que se solidarizaron con la familia del joven Jonathan; la propia Fiscalía General de Justicia también cometió un acto deleznable y tan grave que pudiera dejar en libertad a ambos jóvenes.
Desde la Fiscalía filtraron un vídeo donde ambos jóvenes aparecen con los ojos vendados con cinta, están siendo interrogados respecto a su participación de los hechos y ahí van contando su historia.
El vídeo, que dura poco más de cuatro minutos es brutal y exhibe el nivel “científico y profesional” con lo cual los agentes o el ministerio público logra obtener una declaración; ninguno de los jóvenes se ve tenga a su lado una asesoría legal, las condiciones del interrogatorio son violatorias de sus derechos humanos y exhibir el vídeo es una clara violación al debido proceso.
Solamente con eso sería suficiente para que un buen abogado los sacara en libertad.
Las condiciones en los que son cuestionados es un elemento que debería llevar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a intervenir y abrir una carpeta de investigación; incluso la propia Fiscalía General debería cuestionar si estos métodos de obtener declaraciones incriminatorias es éticamente válido y se sustenta en la legalidad.
No defendemos a los jóvenes, lo que estamos estableciendo es que la FGJE les dio la llave, con ese actuar irresponsable de filtrar el video y exponer públicamente las condiciones del interrogatorio, para que puedan obtener la libertad y al mismo tiempo generó dudas respecto a las formas que utiliza para poder lograr la aceptación de culpabilidad.
El fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez carga a sus espaldas un prestigio de violentador de derechos humanos, de espiar a periodistas y de fabricar pruebas, sacar a la luz pública no ayuda mucho a expiar esa mala imagen.
Y luego viene el sospechosismo: que tal si de esa forma se ayudó a que los jóvenes, cuyos vínculos con la comisión del crimen son evidentes, terminan en libertad al demostrarse que la FGJE violó el debido proceso; sería imposible no pensar que “vendieron” el caso.
Este caso no solamente cimbró a la sociedad sonorense, también viene dejando una serie de enseñanzas en torno a diversos temas: cobertura informativa imparcial, la importancia de la credibilidad en las instituciones y lo trascendente que resulta cumplir las formalidades legales a efecto de que con ello no se “caiga” ningún caso de alto impacto; pero igual nos enseña que los viejos métodos y técnicas de interrogación no se han desterrado y ahí siguen, esto abre las puertas para darle credibilidad a las versiones donde personas dicen que fueron torturadas para obtener una declaración incriminatoria.
Esperaremos el desenlace y veamos si a partir de ahora existe un comportamiento apegado a la ley por la autoridad y a la ética por los medios.
Otros Juglares:
–“Nunca en mi carrera había enfrentado una censura tan orquestada. Hay muchas maneras de silenciar a un periodista: (Andrés Manuel) López Obrador lo hace con su lengua y su poder”.
Lo dijo la periodista Anabel Hernández al anunciar que el próximo 3 de diciembre presentará en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, su nuevo libro titulado “La Historia Secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa”. Será la primera presentación pública de un trabajo que, desde su publicación, enfrentó intentos de censura y una polémica que lo acompaña permanentemente.
Gracias por su atención, hasta el lunes si Dios quiere. ¡¡Salud!!
