Olor a dinero
Por: Feliciano J. Espriella
Miércoles 17 de abril de 2024
La suprema corte de la corrupción
Dicen que los pleitos no son buenos ni ganados y, me parece que en breve este dicho popular será corroborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En el pleito que inició hace unos días la ministra presidente Norma Piña en contra de su antecesor, tanto si las acusaciones son verdaderas y se comprueban como si a la postre resultan falsas, la institución quedará indeleblemente estigmatizada como corrupta.
En ésta, que es evidentemente una auténtica reyerta con claros tintes políticos de ambos bandos, está implícita una condena de extrema corrupción para el poder judicial, que a querer y sin ganas, dará cauce a la mayor exhibición en toda la historia de la judicatura no sólo de cómo se las gastan, sino que incluso mostrará el verdadero rostro del único poder que por sus funciones debería ser de acrisolada pureza.
Que el poder judicial está podrido hasta el tuétano es algo que todo el país conoce. Su principal producto, la justicia, en miles de ocasiones se ha hecho evidente de que está al servicio del mejor postor. Las cárceles se encuentran llenas de presuntos delincuentes cuya principal culpa es la de carecer de recursos económicos para solventar una defensa eficaz; entre éstos, sobresalen decenas de miles de compatriotas que llevan décadas esperando sentencia y cumpliendo de facto una condena a la que no se les ha sentenciado.
Si queremos definir brevemente a todas, pero absolutamente todas las dependencias presuntamente encargadas de impartir justicia en México, requerimos sólo de dos palabras: incompetencia y corrupción, producto en gran medida en el elevado nivel de nepotismo que impera en toda la cadena de instancias judiciales.
Ninguna dependencia se salva. Corrupción, incompetencia y valemadrismo hay en todos los juzgados de todos los colores y sabores: penales, laborales, familiares, de primera instancia, salas regionales, Supremos Tribunales de Justicia de los estados y como lo está evidenciando ahora Norma Piña, hasta en la SCJN.
Por los tiempos en que se está presentando la denuncia en contra del magistrado en retiro Arturo Zaldívar, así como la premura en atender una supuesta denuncia anónima, la lógica lleva a presumir que se trata de un intento desesperado de la derecha y la coalición Fuerza y Corazón por México, a cuyo servicio la actual presidenta de la SCJN ha dado evidentes muestras de pertenecer.
Si en el proceso finalmente se comprueba la culpabilidad del ministro Zaldívar, la denuncia que incluye decenas de acciones de tráfico de influencias, influyentismo y corrupción, reforzará e incrementará la imagen negativa que la población tiene del poder judicial. Y si por el contrario, las acusaciones fueran refutadas y se demostrara la inocencia del inculpado, el hecho de que haya sido la misma titular de la SCJN quien le diera curso a una acusación sin fundamento y de claro tinte político, incrementará exponencialmente el desprestigio de la institución.
No es cosa menor que los responsables de impartir justicia carezcan de legitimidad ante la sociedad. Socava la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y, muy particularmente, en la ley.
Ahora, ¿Qué habrá en el trasfondo?
En lo personal me parece que es una medida desesperada para evitar a toda costa la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, lo cual significaría, de no cambiar los métodos para la designación de nuevos magistrados, que en el próximo sexenio el control de la institución pasará a manos de Morena.
De hecho, desde el próximo diciembre empezaría el abordaje a este navío que hasta la fecha sigue en poder de la derecha y la oposición, pues en ese mes habrá de ser relevado Luis María Aguilar Morales, quien fue designado como ministro de la SCJN por el Senado en 2009, por lo que su cargo concluirá en diciembre de 2024.
El o la sucesora del ministro Aguilar Morales saldría de una terna propuesta por Claudia Sheinbaum, si fuera elegida presidenta, y seguramente, en última instancia al final resultaría designada como sucedió con Lenia Batres y en consecuencia pasará a ser la cuarta a favor de la 4T, con lo que estarían en posición de sofocar cualquier intento de revocar leyes afines a Morena y aliados.
Luego, durante el sexenio próximo, terminarán su período tres ministros más:
Jorge Mario Pardo Rebolledo: Su periodo finaliza en 2026.
Alberto Pérez Dayán: Su periodo concluye en 2027.
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena: También finaliza su periodo en 2027.
Y de esa manera, a partir de 2027, las decisiones de la SCJN que requieren resolverse por mayoría absoluta estarán en manos de ministros proclives a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Eso lo saben los opositores al actual régimen y de allí su desesperación
Por hoy fue todo. Gracias por su tolerancia y hasta la próxima
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