*Advirtió que permitir ausencias prolongadas a titulares de áreas clave como Tesorería u Órgano Interno de Control deja en total indefensión y opacidad a la administración municipal y a la ciudadanía.

* La diputada de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para reformar el artículo 169 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, dejando las licencias de hasta 90 días exclusivamente a cargos de elección popular (Presidencia, Sindicatura y Regidurías).

Hermosillo, Sonora, 10 de noviembre de 2026. - Ante los vacíos legales y prácticas irregulares detectadas en ayuntamientos del estado, la diputada Gabriela Félix Bojórquez presentó una iniciativa para reformar la Ley de Gobierno y Administración Municipal, que busca armonizar el procedimiento de licencias y frenar que funcionarios designados por la administración gocen de ausencias prolongadas que paralicen o vulneren el servicio público.

Si bien la ley contempla licencias de hasta 90 días, esta prerrogativa debe estar estrictamente limitada a quienes ostentan cargos de elección popular, es decir, Presidencia Municipal, Sindicatura y Regidurías, cuyos puestos cuentan con mecanismos claros de suplencia establecidos en la ley. Equiparar esta figura con funcionarios de designación directa, como las personas titulares de la Tesorería o del Órgano Interno de Control, resulta improcedente y riesgoso.

“Permitir que funcionarios cuya naturaleza del cargo no provenga de elección popular accedan a licencias prolongadas deja en estado de incertidumbre tanto a la administración municipal como al ciudadano, al no contar con un procedimiento definido para suplir sus funciones y al tratarse de áreas con responsabilidades fiscales y de fiscalización indispensables”, señaló la legisladora Félix Bojórquez.

La iniciativa plantea reformar el párrafo primero y adicionar un segundo párrafo al artículo 169 de la ley en la materia, estableciendo con toda claridad que las licencias para secretarios, tesoreros, comisarios, delegados y demás servidores públicos municipales no podrán exceder de cinco días continuos o quince discontinuos en un año, cerrando así cualquier interpretación contradictoria que propicie la opacidad institucional.