Bulmaro Pacheco
EL voto corporativo: ¿seguirá vigente?
Bulmaro Pacheco
Domingo 18 de octubre de 2026
Las recientes protestas de los trabajadores del Seguro Social en México van más allá de las manifestaciones tradicionales por carencias o rezagos en la prestación de los servicios de salud en la institución más importante de seguridad social de la República.
Revelan un conflicto de fondo y anuncian la crisis de un modelo político en la práctica político-sindical mexicana: la relación de las organizaciones de trabajadores con los nuevos gobiernos para efectos laborales, económicos, políticos y electorales. Quizá estemos ante consecuencias inéditas en la política mexicana que el fenómeno puede traer en el corto plazo.
La historia de México es rica en ejemplos de ese tipo.
La caída del líder de los telefonistas, Salustio Salgado, en 1976 se produjo tras el rechazo de las bases a la revisión salarial pactada por su dirigencia, cuando Teléfonos de México era una empresa de participación estatal mayoritaria. Eso dio lugar al desplazamiento de la dirigencia y a la llegada, ese mismo año, de Francisco Hernández Juárez. Las cosas empezaron a cambiar, incluso con la privatización de la empresa en 1990.
Desde entonces, Hernández Juárez se mantiene al frente del sindicato mediante sucesivas reelecciones.
Ese ejemplo marcó a la dirigencia nacional de la CTM, entonces encabezada por Fidel Velázquez, y puso sobre la mesa la rebelión y la protesta de las bases trabajadoras contra dirigentes que no tardaban en acumular poder y riquezas a cuenta de sus organizaciones sindicales.
Carlos Jonguitud Barrios ejerció el poder en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) desde 1972 y consolidó su dominio mediante el grupo «Vanguardia Revolucionaria». Duró ahí hasta abril de 1989, cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari decidió su relevo por Elba Esther Gordillo Morales. Jonguitud había sido gobernador de San Luis Potosí, director del ISSSTE y senador por el mismo estado, a cuenta del control y el liderazgo sindical.
Con el tiempo, ese poder se desgastó. En 1979 surgió la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que no pudo controlar. Jonguitud dejó de servirle al sistema y cayó.
Elba Esther Gordillo tomó el poder del sindicato en 1989 y, en 2005, impulsó la creación del partido Nueva Alianza (Panal), con una importante base de apoyo entre los trabajadores de la educación. El partido participó en la elección presidencial de 2006 y ella negoció con candidatos a gobernadores, hasta que tanto poder acumulado empezó a chocar con los programas de gobierno. Elba dejó el poder sindical en 2013, cuando fue detenida, y permaneció privada de la libertad alrededor de cinco años y medio, parte de ese tiempo en prisión domiciliaria. Recuperó la libertad en agosto de 2018, todavía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
A pesar de las constantes presiones políticas, los gobiernos del PRI y del PAN no entregaron la titularidad de la SEP a esos liderazgos, aunque sí permitieron que el SNTE ampliara su influencia dentro de la dependencia.
Porque el sistema tenía una relación compensatoria con los sindicatos de su esfera política: diputaciones, senadurías, gubernaturas y cargos administrativos en la federación y los estados, para llevar la fiesta en paz y asegurar estabilidad política y laboral.
Algo similar sucedió en el sindicato petrolero cuando, al principio del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el 10 de enero de 1989, fueron detenidos el «líder moral» del sindicato, Joaquín Hernández Galicia, «La Quina», y el secretario general, Salvador Barragán Camacho, quien también fue desplazado de la dirigencia. Ahí se reacomodó la relación del Estado mexicano con esa organización sindical y se inició una nueva etapa, aunque continuaron los vínculos políticos y electorales del sindicato con el PRI.
Con la alternancia del poder del PRI al PAN en 2000, estas relaciones tomaron otro rumbo. Los liderazgos de las principales organizaciones sindicales promovieron cambios en sus estructuras para prolongar sus periodos de gestión y adaptar los métodos de elección al gusto de los grupos de poder y de control, con un mayor margen de negociación frente a los gobiernos. Es recordado el conflicto de Felipe Calderón con el dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia acusado de males manejos y exilado en Canadá, posteriormente incorporado por la 4T como Senador.
Desde tiempo atrás, las llamadas «bases sindicales» habían empezado a ejercer una mayor libertad de voto. El marco electoral reforzó la afiliación libre e individual a los partidos y prohibió la intervención de organizaciones gremiales en su creación, así como cualquier forma de afiliación corporativa, según establece el artículo 41 constitucional.
Las dirigencias nacionales y locales de los sindicatos se adaptaron al poder en turno para salvaguardar canonjías y recursos económicos, incluido el cobro de las cuotas sindicales vía nómina, y siguieron exigiendo posiciones políticas para compensar a sus dirigencias.
Con la llegada del autodenominado gobierno de la «cuarta transformación» (sic) en 2018, los sindicatos al principio se movieron con cautela porque no sabían lo que López Obrador traía entre manos en relación con ellos.
Uno de los primeros líderes en caer fue Carlos Romero Deschamps, del sindicato petrolero, quien renunció en octubre de 2019, en medio de señalamientos de corrupción y críticas por sus excesos y ostentaciones. Según la ex secretaria de gobernación (Olga Sánchez Cordero), López Obrador había sugerido públicamente que dejara el cargo para enfrentar las acusaciones en su contra.
Muchas dirigencias sindicales no tardaron en adaptarse a las indicaciones del poder y, desde 2018 y posteriormente en 2024, encontraron compensación en posiciones políticas en el Senado y en la Cámara de Diputados. En 2022, además, llegó a la titularidad de la SEP Leticia Ramírez Amaya, con antecedentes de militancia en la CNTE.
Desde el poder se impulsó, incluso, a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), que ya existía antes de 2018 y es dirigida por un diputado federal cercano al oficialismo, Pedro Haces Barba. Una organización que aspira a borrar del mapa político a las organizaciones históricas, como la CTM, por ejemplo.
Las dirigencias sindicales de todos los niveles —con rarísimas excepciones— no tardaron en adaptarse políticamente al poder actual de la 4T, a cambio de no ser molestadas en sus procesos internos y en el manejo político y económico de sus organizaciones.
Eso es lo que está haciendo crisis ahora, y una expresión del fenómeno es lo que ha sucedido entre los trabajadores del Seguro Social y su sindicato. Una organización donde la base trabajadora es educada, politizada y tiene un gran contacto con las penalidades de la gente común.
Un caso que seguramente repercutirá entre el resto de las organizaciones, que habrán de replantear sus esquemas de apoyo al oficialismo ante el aumento de la irritación social y política entre la gente, por los rezagos sociales y las demandas insatisfechas que no alcanzan a resolverse con el reparto de dinero. A ello se suma un endeudamiento público creciente: de 10 billones de pesos en 2018 a casi 21 billones en 2026, un 56% del PIB.
Todo eso puede impactar los futuros incrementos salariales y de prestaciones. Por eso la pregunta: ¿seguirá vigente el voto corporativo en México? ¿Lo podrán ofrecer de nuevo las dirigencias sindicales de todo tipo al gobierno para sus candidatos en la elección de junio de 2027?
Yo creo que no.
bulmarop@gmail.com
