La reforma que no llega
Bulmaro Pacheco
Domingo 8 de febrero de 2026
La prometida y cacareada reforma política anunciada por el gobierno federal no llega todavía a las manos de quienes, interesados en ella, quisieran opinar y participar en su elaboración.
No será así, porque desde que la anunciaron, el encargado de elaborarla, plancharla y decorarla, Pablo Gómez, recibió indicaciones de que solo consultara a los aliados del gobierno.
Anunciaron foros de consulta y diálogos para recibir propuestas, pero no pasaron de simulaciones entre ellos mismos, lo que dejó al descubierto las inconformidades de sus aliados fundamentales, como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista.
Esas inconformidades encendieron las alarmas en el gobierno, porque al hacer cálculos sobre el número de votos que ambos partidos representan en el Congreso de la Unión —y tratándose de proyectos de reformas constitucionales—, no les alcanzaba para completar la mayoría calificada que requiere Morena en ambas cámaras, y el proyecto se ha retardado mientras avanzan las negociaciones con ambos partidos.
Desde el gobierno se han esbozado algunos temas que ya están en la opinión pública: la desaparición de legisladores de representación proporcional, la disminución del gasto en los partidos políticos y la centralización de las funciones electorales, metiéndole mano a las autoridades estatales que, en mayor o menor medida, han funcionado en los últimos procesos electorales, agilizando registros y resultados.
De seguir así, el proyecto de reforma se va a retrasar aún más, y el gobierno tiene en contra el tiempo, porque el artículo 105 constitucional establece que una reforma que no se realice tres meses antes de iniciar el proceso electoral —que comienza en septiembre— no tendría aplicación en el proceso electoral siguiente (2027). Por eso están contra el tiempo.
Por primera vez en la historia de México, las oposiciones (PAN, PRI y MC) no han sido tomadas en cuenta para elaborar la reforma anunciada. Sí, por primera vez desde que en los sesenta del siglo pasado se crearon los llamados “diputados de partido” que tuvieron su aplicación por primera ocasión en la elección de 1964, y que dieron lugar a que entraran como diputados federales Vicente Lombardo Toledano por el PPS, Juan Barragán por el PARM y Adolfo Christlieb Ibarrola por el PAN, entre otros.
Fue en 1977 cuando el secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, convocó a las oposiciones y a los intelectuales a una consulta general para elaborar la reforma política, muy necesaria en aquellos años ante la crisis política generada por la alta votación recibida por José López Portillo, candidato único a la Presidencia de la República. Tiempos en que el PAN, en 1976, por conflictos internos, no postuló candidato presidencial.
Tiempos en los que solo había cuatro partidos políticos nacionales (PAN, PRI, PARM y PPS) y uno en la clandestinidad desde 1919: el Partido Comunista Mexicano.
El sistema político lucía casi agotado y la legitimidad de los gobiernos emanados del PRI enfrentaba serios problemas por la crisis de la representación política y la violencia post electoral en las calles al igual que la guerrilla rural y urbana.
La reforma política de don Jesús Reyes Heroles cuajó con la creación de la representación proporcional en la Cámara de Diputados (100 diputados) y en los congresos locales, así como con la creación de nuevos partidos políticos como el PDM, el PRT, el PST y el Partido Comunista Mexicano.
Esa reforma llevó el conflicto político de las calles a los órganos de representación política y le dio estabilidad al sistema político, en tiempos en que la violencia política urbana y rural estaba en su máxima expresión mediante enfrentamientos, secuestros y balaceras en algunas regiones. La reforma atenuó esas crisis.
Posteriormente vinieron otras reformas —en la mayoría de las ocasiones a iniciativa de las propias oposiciones—: la ampliación de la Cámara de Diputados con 100 diputados más para completar 500; la creación de los senadores de primera minoría para ampliar la representación de los estados a tres senadores por entidad; y posteriormente la incorporación de los senadores de lista por partido político para sumar 128.
La creación de la credencial para votar con fotografía; la ampliación de las funciones del Tribunal Federal Electoral; la creación de un órgano autónomo del gobierno para organizar las elecciones (el IFE, después el INE); el fortalecimiento de los órganos electorales en las entidades federativas; el financiamiento público a los partidos políticos y la flexibilización de los requisitos para crearlos; la autorización de las candidaturas independientes; y la reforma del “voto por voto, casilla por casilla”, como resultado de la crisis electoral de 2006, cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar en la elección presidencial fue menor a un punto porcentual.
Las alternancias partidistas en los gobiernos, que iniciaron con la gubernatura de Baja California en 1989 y se consolidaron con la alternancia en la Presidencia de la República en el año 2000, no detuvieron las reformas políticas, en su mayor parte y casi siempre, siempre impulsadas por las oposiciones.
La autorización para crear, en más de 40 años, más de 30 partidos políticos dio lugar al sistema de partidos —unos más, unos menos— que fueron apareciendo y desapareciendo en función del porcentaje de votos (3 %) señalado en la ley. Ese sistema hoy se concentra en el PAN, PRI, Morena, PT, Verde y Movimiento Ciudadano.
Después, ya avanzada la primera década del siglo XXI, se dieron reformas —a iniciativa de las oposiciones— para derrumbar prohibiciones históricas como la de la reelección, eliminada en 1933 tras el asesinato del presidente electo para un segundo periodo, Álvaro Obregón Salido, dando lugar a la reelección (o elección consecutiva) de alcaldes, diputados locales, diputados federales y senadores.
La colaboración, vía consensos y negociaciones entre el gobierno y las oposiciones, dio frutos incluso en la transición política de 2018: paz política y estabilidad social, alternancias civilizadas en los gobiernos (federal, estatal y municipal), crecimiento económico modesto —pero crecimiento real—, disminución de los conflictos postelectorales que ahora se canalizan a través de las leyes y las instituciones, y un sistema político-electoral —no exento de problemas—, pero con credibilidad construida a lo largo de los años (1977-2014).
Ahora, en 2026, el proyecto de reforma luce diferente: en siete años no ha habido diálogo con las oposiciones; el gobierno de Morena ha centralizado el ejercicio de los tres poderes; la autoridad electoral luce supeditada al gobierno; la mayoría calificada en las cámaras fue alcanzada mediante mecanismos tramposos; y el proyecto de reforma que se dice se aprobará, luce arreglado entre el gobierno y sólo sus aliados, sin participación de las oposiciones, por primera vez en la historia de las reformas políticas que vienen desde 1964.
¿Por qué no sale la reforma todavía? Porque está atorada por los aliados de Morena: el Verde y el partido del Trabajo. ¿Qué piden? Solo ellos lo saben, pero quieren sobrevivir y seguir con las concesiones que les dan desde el poder para mantener las franquicias hasta ahora privilegiadas. Nada más, nada menos.
¿Y Las oposiciones? Fuera del Proyecto, muy al estilo de la autollamada 4T.
¿Regresión o avance? A como lucen las cosas por ahora y en el futuro inmediato, más lo primero que lo segundo.
bulmarop@gmail.com
