Kiosco Mayor
De Francisco Rodríguez
Lunes 6 de octubre de 2025
Nueva super mayoría, viejo modelo de consulta
*Ahora la 4T va por la reforma de la Ley Electoral
*Modificar el modelo que les dio acceso al poder
*Dicen es para tener elecciones más transparentes
*Y también reducir el descomunal gasto electoral
Acostumbrados como estamos los mexicanos a la bulliciosa especulación, la sorpresiva designación del economista Pablo Gómez Álvarez como coordinador de los trabajos para configurar los términos en que, “con la opinión del pueblo mexicano” se presentará la iniciativa con la que se pretenderá establecer una nueva estructura electoral en nuestro país, llueven las conjeturas en el sentido de que, la coordinación de la comisión para la reforma electoral fue una salida “decorosa” para el eterno legislador de la izquierda mexicana, quien ningún resultado presentó como titular de la “UIF”, la cual es, como sabemos, la Unidad de Inteligencia Financiera, cuya función primordial es procesar información sobre operaciones financieras sospechosas y combatir el lavado de dinero.
No recuerdo acción exitosa por parte de la UIF durante su gestión.
Se sabe, la iniciativa electoral propone una cirugía mayor en el fondo y las formas para elegir “de manera más transparente” y por tanto, “más democrática”, pero, sobre todo, buscará, “según los promotores”, reducir considerablemente el descomunal costo económico electoral que, hoy por hoy, ubica a México como uno de los países con mayores gastos comiciales en el mundo.
Entre los propósitos más anunciados está el de reducir el número de diputados y senadores plurinominales, dando con ello un portazo al método que hizo posible el acceso a las cámaras legislativas de muchos de los actuales impulsores de dicha reducción.
Es evidente la terca prepotencia política con la que ha actuado y sigue actuando la mayoría absoluta, sabedora de no necesitar para nada el voto de sus pares componentes de la oposición minoritaria en las cámaras legislativas.
La flamante comisión presidencial para la reforma electoral, cumpliendo con los objetivos trazados y hasta hoy conocida por el decreto presidencial, y las diversas declaraciones del oficialismo, convocará al pueblo bueno y sabio exprese y hasta proponga los cambios considerados procedentes a la estructura electoral, la cual hizo posible el arribo de representantes a las cámaras legislativas tanto federales como locales y a los cargos ejecutivos contemplados en el aparato de gobierno en México.
Gracias a las normas que ahora se pretenden reformar, llegaron al poder multitud de militantes de las izquierdas, como alcaldes y gobernadores, y hasta el propio Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, a la silla del águila de palacio nacional y, desde ella a ejercer un poder que todo lo abarca.
Los legisladores de MORENA y sus afines, y el nuevo poder judicial, tienen mucho trabajo para demostrar que su desempeño es y será para bien de la república.
Vale recordar fue a partir de 1977 cuando se iniciaron los cambios que han venido prefigurando la estructura del Estado mexicano, cambios en los que se hizo evidente el énfasis en la apertura democrática. Todavía hay quienes se preguntan sobre las razones que pudo tener José López Portillo como presidente de la república, para iniciar la reforma política que dio paso a la modificación de un sistema electoral obsoleto, tan obsoleto que hasta entonces era manejado por la Secretaría de Gobernación.
Una de tantas razones fue que, el Secretario de Gobernación era nada menos que el reconocido ideólogo Jesús Reyes Heroles y, otra fue, que el propio presidente (López Portillo) fue un destacado maestro en la UNAM de teoría general del Estado y, por tanto, supo entender que los modos y tiempos de la democracia que le llevaron a él mismo al poder habían caducado y por ello lo más saludable para México era la apertura democrática.
Dicha reforma no sólo propició el acceso de las minorías políticas a las tribunas más altas de México, sino también y por cuerda separada, siguió el otorgamiento de autonomía a una serie de organismos que contribuyeron a la consolidación de una democracia más auténtica y alejándose con pasos firmes de la tan criticada “democracia simulada”, la cual por muchos años vivió nuestro país durante el porfiriato y el largo período gobernado ininterrumpidamente por el PRI, fundado por el sonorense Plutarco Elías Calles en 1929.
Ahora bien, una reforma política o electoral como la que ahora se asoma, es oportuna (que no quiere decir sea adecuada o justificada), siempre y cuando haga suyas las auténticas demandas ciudadanas de cambio, es decir, los requerimientos del pueblo (que es el soberano) recogidos en foros realmente democráticos e incluyentes. Además, toda iniciativa de reducción de gastos siempre será bienvenida y aplaudida aquí y en Dinamarca, y no sólo en el ámbito electoral, sino en todas las instancias que conforman el obeso aparato de gobierno en México.
En nuestro país, todos sabemos cómo las burocracias han crecido descomunalmente, porque siempre se incrementan bajo criterios políticos (cumplir compromisos de campaña) sin darle importancia a la necesaria planeación y al sentido de las prioridades nacionales o regionales para programar adecuadamente el gasto.
Pocos recursos quedan para el gasto de inversión en los tres niveles de gobierno después de cumplir con los compromisos para el sostenimiento de las nóminas, estructuras gubernamentales y el pago, entre otros, de los servicios de la alarmante deuda externa de México.
La población crece y aumentan los rezagos en las vertientes básicas para el desarrollo social. Ahí están la salud, la educación, el empleo y la infraestructura, entre otras.
Desde luego, es muy difícil dibujar futuros políticos aunque se piensen en el corto plazo, pero si por la víspera se saca el trueno, no debe desatenderse lo que desde ahora sugieren quienes seguramente no asistirán a los foros proyectados por considerar serán escenarios armados con presencias y propuestas a modo para cumplir con las meras formas y no para recoger con respeto y ánimo de inclusión las ideas y propuestas que, desde ahora, se están dando a conocer por distintas vías de comunicación.
No son pocas las voces acreditadas (por cierto) de académicos e intelectuales que, desde ya, están manifestando sus críticos puntos de vista sobre la reforma anunciada.
El debate pues, está servido y se está dando fuera del ámbito del gobierno. No faltan las opiniones que plantean, por lo visto y oído hasta ahora, que de los foros armados por la comisión presidida por Pablo Gómez, emanarán propuestas con las que estará de acuerdo el 100% de los asistentes incondicionales, y como es costumbre, dicen, que ni una coma aportarán. Esa actitud aplanadora hace recordar lo que en el tiempo de la hegemonía del PRI, se definía como “institucionalidad”.
Sin embargo, es importante recordar aquello de que “la forma es fondo” y que las iniciativas procedentes del poder ejecutivo, pactadas o no, se aderezaban con cambios y con alguna que otra aportación viable, por parte de los legisladores.
Por los antecedentes de la democracia mexicana y los tortuosos caminos que ha recorrido hasta hoy, y en este hoy que presagia apatía, desacuerdos y hasta forcejeos, que no deben darse, como la vergüenza nacional por el protagonismo de los senadores Gerardo Fernández Noroña y Alejandro “Alito” Moreno, cuya gresca es un indicador de la urgencia de una nueva urbanidad política, que se finque en el respeto a la igualdad y se aleje de la patanería y la prepotencia de los carentes de talante democrático que llegan a las esferas del poder.
Por otra parte, no debe extrañarnos, que muchos ciudadanos vean con desconfianza la creación de una comisión más para mejorar la calidad de la democracia mexicana “desde el pueblo mismo”, para procesar una iniciativa que, según las oposiciones al gobierno de MORENA y aliados, ya está redactada.
No olvidemos, pues, que la confianza es el bien político más valioso, y lo que nos urge, sobre todo, es un proceso de reconciliación y sí, si se quiere, una profunda reestructuración, pero no sólo en la vertiente electoral, sino del Estado mexicano, para que la República siga perdurando y cumpla con eficiencia sus fines.
No olvidemos que una democracia no se mide sólo por la calidad de las elecciones y por el financiamiento a los partidos y organismos electorales, sino también por el desempeño de los tres poderes del Estado. Mucho se tiene que hacer en nuestro país, porque la calidad de los procesos electorales últimamente está dejando mucho que desear.
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