El Juglar de la Red
Por Rafael Cano Franco
Martes 23 de septiembre de 2025
Nos van a dar gato por liebre
El gobernador Alfonso Durazo, lo hemos dicho desde el principio de su gobierno, tiene el mal hábito de anunciar obras que luego termina por no realizar, ya en varias ocasiones se han enlistado en este espacio todos aquellos “pendientitos” que va a heredar.
Desde que Andrés Manuel López Obrador dejó la presidencia de la República, el gobernador ha tenido un mayor apoyo del gobierno federal, pero en algunos casos los presupuestos originales se han disparado y muchas de las obras están detenidas hasta que se les vuelva dotar de recursos.
En el presupuesto del 2026, el centralismo gubernamental vuelve a manifestarse y los afectados serán estados y municipios; en el presupuesto del 2024 al gobierno de Sonora los legisladores le recortaron casi 800 millones de pesos, pero Durazo Montaño fue institucional y guardó silencio.
Para el presupuesto del próximo año no se espera que haya una sublevación de gobernadores morenistas, donde se incluye el de Sonora, por eso es de esperar que las finanzas estatales resientan el recorte.
Ante esa situación Alfonso Durazo ya abrió el paraguas.
En su Cuarto Informe de Gobierno, el gobernador ofreció, por enésima vez, la ampliación a cuatro carriles de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino; antes lo dijo el 2022 y no cumplió y este 2025 volvió a comprometer ese proyecto.
Pasados unos días ya nos cambió la oferta.
El lunes anunció que para el 2026 se van a aplicar 500 millones de pesos en la rehabilitación de dicha carretera, esto como un primer paso para su ampliación, pero eso significa que la susodicha ampliación no se va a realizar en su sexenio.
Esto es sencillo de comprender porque para el 2027, si acaso presupuestan los recursos necesarios, el tiempo no le va alcanzar para que esa obra esté terminada.
Le expongo una comparación para que vea la magnitud de la inversión que se necesita para una ampliación de esa carretera.
El Ayuntamiento de Hermosillo acaba de anunciar la construcción del libramiento poniente, donde para abrir una carretera de 30 kilómetros se van a invertir poco más de mil 800 millones de pesos y la obra va tardar cuando menos todo el año que entra y parte del 2027 para estar terminada.
Por kilómetro la inversión que se va a aplicar es 61 millones de pesos; supongamos que en el caso de la carretera a Bahía de Kino se apliquen 40 millones de pesos por kilómetro –en el entendido que ya hay una ruta, que no se va a indemnizar a ningún propietario de terreno y que el trazo ya existe–, eso significa que para pavimentar los cien kilómetros que separan Hermosillo de Bahía de Kino se requiere una inversión de ¡cuatro mil millones de pesos!
Como Alfonso Durazo sabe que ese dinero no lo va a tener, optó por cambiarnos los cuatro carriles de la carretera por una remozada de 500 millones y ya.
Pensar que el gobernador no sabía como venía el presupuesto del 2026, es ser ingenuos, pero necesitaba un anuncio espectacular para su informe de gobierno y entonces recurrió a su vieja fórmula de anunciar proyectos irrealizables, porque al final de cuentas la memoria es corta y no hay quien se lo vaya a reclamar y menos cuando se vaya.
Como si dijera el que venga atrás que arree.
Luego entonces lo que se va a invertir en esa ruta son 500 millones de pesos, que en este caso es una bicoca, pero es lo que hay y por tanto nos tenemos que conformar.
En palabras más claras; nos darán gato por liebre.
Nunca hay pruebas suficientes
La presidente Claudia Sheinbaum ha dicho en varias ocasiones que solicitó al gobierno de Estados Unidos la devolución de Ismael “El Mayo” Zambada para ser juzgado en México y que aquí pague los delitos cometidos.
El problema es la confianza que Estados Unidos tiene en el sistema de procuración y administración de justicia en México.
Al General Salvador Cienfuegos, ex secretario de Sedena con Peña Nieto y detenido en Estados Unidos, lo devolvieron a petición del gobierno de López Obrador para que fuera juzgado en México, pero nomás pisó territorio mexicano y fue exonerado ante la carencia de evidencias en su contra.
En Estados Unidos fue detenido el boxeador Julio César Chávez Junior, lo retuvieron un tiempo y los extraditaron a México pues la Fiscalía General de la República (FGR), había girado una orden de aprehensión en su contra.
Pero a los dos días de estar en territorio mexicano ya estaba en libertad y así sigue.
Más reciente es el caso de la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, ex alcaldesa de Rosarito, Baja California; el Departamento del Tesoro le congeló cuentas bancarias y la señaló como parte del Cártel de Sinaloa, al cual apoyaba en el cobro de extorsiones.
Pero lo que para el gobierno de Estados Unidos fueron evidencias claras, para el gobierno de México, dicho por Claudia Sheinbaum no eran “pruebas suficientes” y por ello el gobierno de México decidió no sumarse a la investigación.
Los casos anteriores exponen un patrón de conducta por parte del gobierno de México: lo que para los norteamericanos es considerado delito de gravedad, en nuestro país es una simpleza que no merece castigo.
Situaciones como esa determinan una pérdida de confianza paulatina de un gobierno para el otro; mientras que uno, el de Estados Unidos, se afana en castigar a políticos mexicanos o personajes de la vida pública –se habla de una lista de 55 personajes ya enlistados, entre varios gobernadores, miembros del gabinete, líderes de Morena– implicados con grupos criminales o inmersos en negocios ilícitos como el del huachicol fiscal; pero nuestro gobierno pide que los extraditen con el pretexto de juzgarlos bajo nuestras leyes, pero en lugar de eso, los exonera y los pone en libertad.
El caso de la diputada Hilda Araceli Brown Figueredo, es de extrema gravedad, pues la postura expresada por la presidente Sheinbaum Pardo, es ni siquiera abrir una carpeta de investigación bajo el argumento de que las pruebas son insuficientes, eso significa que no hay para la Legisladora ningún tipo de consecuencia por los eventuales delitos que pudo cometer.
Con ese patrón de conducta, todavía hay quien crea se van a investigar los delitos de los hijos de López Obrador, del coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López o la relación de José Rafael Ojeda Durán, ex secretario de la Marina y Armada de México en el delito de huachicol fiscal.
Si figuras tan menores de la política como la diputada Hilda Araceli Brown Figueredo recibe el cobijo que le da la presidente Sheinbaum Pardo, con más razón quienes se encuentran en niveles superiores del escalafón político.
Pero en las mañaneras, la Presidente alienta una narrativa pública que va en el sentido de asegurar que su gobierno no va a tolerar la corrupción y que actuarán caiga quien caiga, pero en los hechos resulta que a todos protege y nunca hay evidencias suficientes contra ellos.
Esto no es más que entrar en un círculo vicioso, pues si Claudia Sheinbaum decide investigar a todos esos funcionarios que le enlistó el gobierno de Estados Unidos, irremediablemente va a terminar exponiendo a su jefe, el expresidente López Obrador.
Otros Juglares:
–Antes lo decidía el presidente y el Senado de la República –la integración del Poder Judicial–. Hoy somos, y eso le duele al conservadurismo, pero es la verdad, el país más democrático de todo el planeta, porque aquí el pueblo decide quién es el Presidente o la Presidenta, aquí el pueblo decide quienes son sus legisladores y aquí el pueblo decide quien es su poder judicial, los tres poderes de la Unión decididos por el pueblo de México”.
Lo dijo la presidente Claudia Sheinbaum Pardo luego de resaltar que en México gobierno ese ente amorfo al que la 4T denomina pueblo y elogiar la Reforma Judicial y el resultado de la elección de jueces y magistrados.
Gracias por su atención, hasta el miércoles si Dios quiere. ¡¡Salud!!
