El Juglar de la Red
Por Rafael Cano Franco
Martes 15 de julio de 2025
Plan de Justicia Yaqui: corrupción y opacidad
Cuando el ex presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una mega inversión, a la que pomposamente llamó “Plan de Justicia Yaqui”, dijo que su intención era devolver a los pueblos originarios mucho de aquello que les habían arrebatado los gobiernos neoliberales.
El proyecto total contemplaba una inversión de 11 mil 600 millones de pesos que se distribuían en: restitución de 20 mil hectáreas de tierras; la construcción del acueducto Yaqui de 158 kilómetros; la creación del distrito de riego 18, y su inmediata trasferencia al pueblo Yaqui; la construcción de la Universidad del Pueblo Yaqui; la construcción de un hospital regional y seis unidades médicas rurales.
Era un mega proyecto que quedaba bajo la supervisión del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y donde se estableció como prioridad atender las voces del pueblo Yaqui; así, durante todo su sexenio, López Obrador visitó al menos dos veces al año el territorio de la etnia para supervisar avances y ajustar detalles que pudieran ir presentándose en el camino.
En la narrativa de López Obrador destacaba que su gobierno no permitiría “marginación, el abuso y la injusticia contra los pueblos originarios”, pero pasados seis años el resultado es que ahora la misma etnia acusa que en la ejecución del Plan de Justicia que presuntamente los iba a beneficiar lo que impera es la marginación a la que los sometieron los encargados del proyecto; al abuso que viven porque todo se hizo con opacidad y la injusticia porque al final no se termina de resolver sus demandas históricas.
El descontento de una parte de la etnia se hizo patente en la gira que realizó el fin de semana pasado la presidente Claudia Sheinbaum; un grupo la interceptó y le pidieron ser atendidos, pero el gobernado Alfonso Durazo se interpuso y ofreció sus oficios para sostener una mesa de trabajo con los indígenas inconformes.
Durazo los dejó plantados en su ramada, donde lo esperaron una buena parte del domingo.
Los integrantes de la etnia inconformes con la situación que priva en el Plan de Justicia Yaqui, hicieron circular un documento conciso donde plantean la posibilidad de evaluar los objetivos y los beneficios logrados con lo que se lleva de dicho plan.
Igualmente piden la práctica de una auditoría integral a todas las acciones que se han emprendido, particularmente que se verifiquen los montos de las obras contratados y dónde se aplicaron, identificando los beneficios reales para las comunidades Yaquis. Esto establece la duda de que muchas acciones fueron “infladas” en sus costos y el beneficio no llegará nunca a quienes iba dirigido.
Otro de los aspectos que piden sea considerado es la de trasparentar de manera plena las licitaciones convocadas, los contratos y adjudicaciones de obras; las empresas contratadas y el monto de los contratos ejecutados y aquellos que todavía están vigentes.
En ese punto queda clara la sospecha de opacidad con la cual se han entregado las obras y existe la presunción de que las empresas contratadas o no cumplían con la experiencia o fueron seleccionadas con criterios de favoritismo político y no por sus capacidades técnicas.
Los inconformes aseguran que “ante la opacidad con que se ha manejado la autoridad federal y la tolerancia a ésta de parte de algunos líderes y autoridades tribales, los representantes de al menos cinco de las comunidades exigen la creación de comités ciudadanos para que participen en la vigilancia de los procesos de construcción y financiamiento del Plan de Justicia para los Yaquis”.
El Plan de Justicia Yaqui es un programa que consume recursos federales y las dudas que genera en torno al manejo honesto de las cifras millonarias que se manejaron aunadas a la tardanza en la terminación de obras, entre ellas el acueducto son parte de la inconformidad.
Pero lo más grave es que al interior de la etnia hay una clara división: por un lado aquellos que aplauden al gobierno federal, pero que son minoría y los que se quejan diciendo que ni se les benefició, ni se les hizo justicia y menos se acabó la marginación que vienen siendo una mayoría.
Y si bien ya fueron “plantados” por el gobernador Alfonso Durazo, confían en que acuda el próximo jueves a la mesa de trabajo que se instaló en el pueblo de Vícam y junto con él vaya Adelfo Regino Montes, coordinador nacional del INPI.
Tips cortitos pa´no enfadar:
1.- El ayuntamiento instaló arcos de seguridad en varios puntos y ayer el Cabildo aprobó que en tres de esos arcos en el mismo número de accesos a Hermosillo se instale un sistema de foto detección de infracción de tránsito con apoyo de cámaras y radares.
Los arcos que realizarán esa función son el del norte, sobre el bulevar Enrique Mazón; el del sur, que se ubica sobre el bulevar Clouthier y en el poniente en el bulevar García Morales; es decir en los más transitados y que están directamente ligados a las carreteras y por tanto más posibilidad de exceder la velocidad implican para los automovilistas.
Si bien la medida ya se aprobó, también se acordó que se dará un periodo de adaptación que inicia a partir del 1 de agosto y concluye el 31 de diciembre de este 2025; se espera que el Ayuntamiento advierta con letreros a los automovilistas la posibilidad de ser multados si infringen los límites de velocidad.
2.- En Sonora, la Unión Ganadera Regional de Sonora anunció que va a cerrar el ingreso de Centroamérica al Estado, esto como parte de una acción para mantener la sanidad animal libre de gusano barrenador en la entidad.
Mientras eso sucede en Sonora, en Yucatán detectaron 20 nuevos casos de esta plaga y en Veracruz –que es más preocupante por la cercanía con Estados Unidos—aparecieron otros 40 nuevos casos; la presencia constante de gusano barredor contradice las versiones del gobierno federal de que se han reducido los casos y la contención está funcionando.
A la par de todo lo anterior, la empresa SuKarne solicitó permiso al gobierno de Durango para introducir 5 mil 300 cabezas de ganado a sus instalaciones de Tlahualilo provenientes de Nicaragua y con ello mantener abierta la llegada de reses que pueden portar el gusano barrenador.
Este tipo de contradicciones que permite el gobierno federal son precisamente las que llevan al gobierno de Estados Unidos a tomar medidas, como lo es el cierre de la frontera, que termina por perjudicar a la ganadería sonorense.
3.- La credencial para votar del INE dejará de ser el documento oficial con el cual los mexicanos nos identificamos en los trámites que se realizan en bancos, hospitales, museos y dependencias gubernamentales, el nuevo documento de identificación nacional será la CURP biométrica.
Si bien no hay una fecha específica para iniciar el registro de todos los ciudadanos mexicanos y por tanto la fecha de defunción de la credencial del INE no está determinada, es un hecho que en los próximos años, conforme se establezcan los mecanismos tecnológicos y el proceso correspondiente, se empezará con la suplantación de la nueva forma de identificación.
La nueva identificación o CURP biométrica incluirá información como: nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, fotografía, firma digital, huellas dactilares y nacionalidad.
El formato de la identificación estará disponible tanto en digital como físico y será necesario mostrarlo para trámites privados como públicos.
Con toda la información se pretende construir la Plataforma Única de Identidad y ahí se permitirá consultar, validar y gestionar la CURP como única clave de identificación de los mexicanos, incluyendo menores de edad.
Si bien las autoridades dijeron que no sería obligatoria, desde el momento que es un documento necesario para realizar cualquier trámite, adquiere la categoría de obligatoriedad.
Otros Juglares:
–“Primero, no establecer diálogo con un abogado de un narcotraficante; dos, vamos a presentar una demanda por difamación en México, porque no se puede dejar pasar”.
Lo dijo la presidente Claudia Sheinbaum Pardo al establecer su negativa a seguir con la polémica desatada por las declaraciones de Jeffrey Lichtman, abogado de Joaquín Guzmán Loera y de su hijo, Ovidio Guzmán, a la presidente se le olvidó que su adorado Andrés Manuel López Obrador sí dialogó con abogados de narcos, lo hizo en una reunión con la mamá de Joaquín Guzmán en Badiraguato donde el entonces abogado del capo lo jaló del brazo para intercambiar unas palabras con el entonces presidente de México.
Gracias por su atención, hasta el miércoles si Dios quiere. ¡¡Salud!!
