El Juglar de la Red
Por Rafael Cano Franco
Martes 26 de noviembre de 2024
Operación Enjambre con la mira muy baja
El gobierno federal decidió empezar a combatir la corrupción de los funcionarios municipales y también los vínculos que algunos de estos servidores tienen con grupos del crimen organizado, la intención es generar la percepción de que se va en serio contra este cáncer que corrompe las instituciones y que tanto agravia a los ciudadanos.
A todo ese operativo le denominaron “Operación Enjambre”, lo iniciaron en el Estado de México con la detención de algunos mandos y elementos policiacos –incluso uno se suicidó ante la eventualidad de terminar en la cárcel—y la alcaldesa de Amanalco, María Estela Martínez a quien acusan del asesinato de quien fuera el síndico municipal de ese Ayuntamiento.
Pero más allá de este relativo “éxito” de este plan en particular, lo cierto es que tiene la mira muy baja. Nadie en su sano juicio metería las manos por agentes de la Policía Municipal de cualquier ayuntamiento, por eso, que iniciaran por esa parte de las estructuras gubernamentales, es tanto como barrer de abajo para arriba.
La operación Enjambre, a quienes algunos llaman “Operación Engañabobos”, es buena, pero no es lo que auténticamente se espera.
Más creíble y efectivo hubiera sido empezar por algunos gobiernos estatales, hay abundantes pruebas que ligan a gobernadores con grupos criminales o como auténticos delincuentes.
Rubén Rocha Moya es el caso más actual, el gobernador de Sinaloa es parte del problema de violencia que azota a esa entidad y más allá de que su gobierno es un mero aparato burocrático que no resuelve nada, sigue en el cargo solamente porque hay una voluntad presidencial que está encaprichada en sostenerlo.
Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas y varios de sus funcionarios están señalados como beneficiarios de las aportaciones que en su momento hizo Santiago Carmona, un operador de huachicol que fue asesinado en Monterrey, Nuevo León, y a quien en su teléfono se le encontraron conversaciones y números telefónicos que lo ligan con políticos como Mario Delgado, Layda Sansores, gobernadora de Campeche; el ya citado Rubén Rocha Moya y Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit, por mencionar algunos.
Ricardo Gallardo Cardona, el gobernador de San Luis Potosí, es otro de los mandatarios estatales que tiene vínculos con el crimen organizado y no existe ninguna investigación del gobierno federal en su contra.
Otro caso es el de Indira Vizcaino Silva, gobernadora de Colima; a ella la señalan como un enlace del cártel “Jalisco Nueva Generación” con la campaña de Claudia Sheinbaum y la acusación no surgió de la oposición, fue la alcaldesa de Colima, Norma Otilia Hernández quien presentó la denuncia lo cual a la postre le costó ser expulsada de Morena.
Que decir de Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero, no solamente la han acusado de ser cómplice del grupo delincuencia “Los Ardillos”, es imposible entender la ola de criminalidad que afecta esa entidad sin tener que considerar la complicidad gubernamental.
Existen muchas opciones para que la operación Enjambre alce la mira y realmente muestre la intención de hacer una limpia de funcionarios vinculados a grupos criminales, pero en lugar de eso van por jefes policiacos que si bien tienen denuncias y es necesario sujetarlos a proceso, al final de cuentas no dejan de ser simples charalitos que ni se acercan a los grandes tiburones.
Ahora, si esa operación Enjambre se aplicara en Sonora, como saldrían los alcaldes de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes; la alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova; el de Caborca, Abraham David “El Cubano” Mier Nogales; o los ex alcaldes de San Luis Río Colorado; algunos del Río Sonora o de la sierra sonorense, solamente por mencionar algunos ejemplos de funcionarios que usamos con el simple fin de ejemplificar y sin acusarlos de nada.
Tips cortitos pa´no enfadar:
1.- No es mi intención defender a Wendy Briceño, esta dama genera mucha opinión en contra por las actitudes que asume, pero más allá de eso, tampoco podemos “comprar” esa versión tan burda de que no llegó a la dirigencia de Morena por no estar en el ánimo del Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Andrés Manuel “Andy” López Beltrán.
Más parece una narrativa que pretende exculpar a quien tomó la decisión a nivel local, pateando el bote hacía lo nacional, para que ese personaje no tenga “muertitos en el clóset”.
Pero en serio, ¿creen que Andy López Beltrán iría en contra de alguien a quien apoyara Alfonso Durazo? Estoy seguro que no, luego entonces queda claro que el apoyo local no existió para doña Wendy Briceño y al quedarse sola, en el abandono político, fue presa fácil de que la convocatoria incluyera justamente el requisito que ella no reunía.
Es probable que se tenga merecido ese escarnio, al final de cuentas no construyó mucho y su paso por la Secretaria de Desarrollo Social no fue precisamente destacado por el trabajo realizado, pero de eso a considerar que fue “guillotinada” por una decisión unipersonal de Andy López Beltrán, tengo dudas.
2.- Uno de los argumentos que utilizó la diputa Elly Sallard, presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso local, para modificar el presupuesto de Ingresos 2025 que les envió el Ejecutivo, fue que tenía informes de que las participaciones federales venías “copeteadas” y con eso es innecesario crear nuevos impuestos.
Pero resulta que lo dicho por Elly Sallard es falso. En el presupuesto federal que va a ser aprobado, lo que viene es un recorte en las participaciones federales para Sonora; la cifra es de 544 millones de pesos de lo que se recibió este 2024.
Luego entonces, sería interesante que la diputada Elly Sallard nos explicara quien les informó de una mayor cantidad de aportaciones federales y que impacto tendrá esa reducción en las actividades gubernamentales.
Todo esto del presupuesto viene dejando muy mal parados, tanto al legislativo como al Ejecutivo; entre ambas instancias no atinan a dar una y lo que salen a afirmar luego termina por ser desmentido, eso solamente nos indica incapacidad, falta de información y muchas ganas de mentir.
Pero bueno, eso sucede cuando se comunica en base a ocurrencias y no con la verdad.
3.- La presidente Claudia Sheinbaum y los gobernadores firmaron el Acuerdo Nacional para el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, donde se establecen algunas acciones para garantizar el abasto de agua para consumo humano.
En el caso particular de Sonora, la información oficial establece que se anunció la construcción de tres presas, todas en el municipio de Hermosillo, con una inversión de 7 mil millones de pesos a aplicarse durante los próximos tres años y cuya proyección estiman servirán para garantizar el abasto a la capital por medio siglo.
Las susodichas presas se van a construir, dos de ellas aguas arriba del Río Sonora –lo cual indica que no estarán en el municipio de Hermosillo, pero si serán para beneficiar a sus habitantes—y otra más en algún punto de la cuenca del Río San Miguel.
Que bien por esas obras, seguramente serán de gran impacto, pero su éxito estará ligado a las lluvias que caigan en sus cuencas, de lo contrario no van a servir más que de elefantes blancos.
Otros Juglares:
–“Muy buenas noticias para Sonora en este acuerdo, en este programa que hoy presenta la doctora Sheinbaum, particularmente la construcción de las presas arriba de las cuencas del Río Sonora y del Río San Miguel, que va a garantizar entre otras cosas, el abasto de agua para la ciudad de Hermosillo por los próximos 40 o 50 años, continuaré informando”.
Lo dijo el gobernador Alfonso Durazo al anunciar que el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad es un proyecto nacional que tendrá impacto en Sonora, particularmente en Hermosillo, pues se contempla la construcción de tres presas en los Ríos Sonora y San Miguel.
Gracias por su atención, hasta el martes si Dios quiere. ¡¡Salud!!
