Archivo Confidencial
Por Armando Vásquez A.
Viernes 30 de agosto de 2024
No somo un país bananero… aunque
Hace ya algunos años, el diario británico The Guardian tachó de país bananero a Brasil por la caída drástica del PIB, el juicio político a la presidenta del país en ese momento, los escándalos de corrupción que salpicaban tanto a funcionarios como a destacados líderes opositores y tantas anomalías presentadas. Es un término acuñado por el estadounidense William Sydney Porter, alias O. Henry, en 1904 en el cuento “El almirante” y concretamente a una isla inventada por el autor aunque se dice que se inspiró en Honduras, país donde vivía cuando inventó el cuento.
Dicho término que se utiliza únicamente para países de Latam y El Caribe, fue transformado conforme a estudios políticos pues el uso del plátano se utilizó para etiquetar a naciones enteras en una historia que comenzó a fines del siglo XIX y principios del XX y protagonizada principalmente por la empresa United Food (hoy Chiquita) y otras más que comenzaron a hacer plantaciones de bananos en serie en centro américa. Empezaron en Guatemala por ser el más débil, corrupto y flexible de la región.
Así las “repúblicas bananeras” eran literalmente aquellos países tropicales productores de bananas, dependientes de la renta de empresas estadounidenses de tal forma que tales compañías a la par que llevaban modernidad, pagaban impuestos, construían calles, vías de tren y puertos a cambio de tierras de siembra, pero también violencia y muerte pues dictaban las decisiones a los gobiernos débiles y corruptos para beneficiarse orillando –inclusive–, a invasiones a otros países, masacres y golpes de Estado.
Eso sí, no se puede catalogar a un país de ser bananero cuando sus problemáticas se están resolviendo dentro de un marco institucional, –porque aún hay instituciones regulatorias–, y entonces se le cataloga como una nación en crisis política.
Lo más interesante de este añejo concepto es que las empresas trasnacionales gringas tomaban las riendas de las políticas públicas pues en esos tiempos eran los grandes productores de ese único producto en dicho país y competían en el marco de la globalización de aquel entonces. Hoy ya no es así pues en lugar de plátanos la competitividad transmutó a recursos financieros.
Ello conlleva el cumplimiento con obligaciones inmersas en compromisos con fecha de caducidad, créditos que son resultado del poder de respuesta de los países que cuentan con sustentabilidad y sobre todo, futuro de crecimiento en todos los órdenes.
A su vez, las empresas trasnacionales, tienen que regirse tanto por las reglas del país de origen que por lo general es de primer mundo –tienen la orden gubernamental de cuidar las políticas ambientales y sociales, entre otras como la no contratación de niños, (laborales), etcétera–, así como por aquellas de las naciones destino, que pueden o no ser empáticas.
En esa regulación del país de donde proceden dichas empresas inversoras, en su mayoría cuentan a su vez con la protección legal de sus propios gobiernos –vía seguridad/aseguranza de sus inversiones–, en caso de que los países donde invierten sufran algún descalabro estructural en su sistema y se afecte la gobernabilidad. Eso sí, todo seguro gubernamental del país original será válido siempre y cuando hagan caso a la recomendación de salir de esa nación emproblemada –según las letras chiquitas–, y de no hacer caso una vez que se les avise oficialmente, recibirán los ajustes legales correspondientes.
Es lo que ocurrió en Rusia con el boicot financiero encabezado por EU y gran parte del mundo y en un buen porcentaje con China y el considerado nearshoring que fue una aplicación de incentivos fiscales promovidos por el gobierno gringo en 2016 y ratificado y mejorado por Trump quien fue la garantía –más otras causales de competencia y competitividad mundial así como la generación de políticas públicas chinas que le alejaba de su inicial y atractivo gancho–, para generar ese desprendimiento empresarial hacia mejores horizontes.
El año pasado de acuerdo con el FMI, México se ubicó en el sitio número 12 entre las mayores economías mundiales, por encima de países como Corea del Sur, Australia o España. Lo que ocurra aquí repercute en el mundo pues se está a sujeto a convenios, tratados, negociaciones que se colocan como compromiso de cumplimiento que no deben romperse pues trastocaría el orden establecido y conformaría antecedentes dañinos para todos los gobiernos participantes.
México está inmerso en más de una veintena de grandes temas relacionados con derechos humanos y leyes, que a su vez se dividen en más de un centenar tratados que repercuten en la toma de decisiones gubernamentales y cuya violación merece algún tipo de sanción. El temor de los países por la aprobación de la reforma al poder judicial como quiere López Obrador, es que se caigan los acuerdos internacionales (que puede consultar en este link https://n9.cl/v9nie ) fuera de los aspectos de política financiera y económica:
Se cuenta con una red de 14 Tratados de Libre Comercio con 50 países, 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones con 31 países o regiones administrativas y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. Participa y esta suscrito en la OMC, el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, OCDE, Arco del Pacífico Latinoamericano, Asociación Latinoamericana de Integración, entre muchas otras. https://n9.cl/ikx7
De allí tanto llamada de alerta al respecto, pero a los morenos, López Obrador y Sheinbaum, les vale una pura y dos con sal el poder judicial.
EN FIN, por hoy es todo, el lunes le seguimos si Dios quiere…
Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorando en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones…
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