La novena disputa por la educación: apuntes

La novena disputa por la educación: apuntes

Bulmaro Pacheco

 

Domingo 22 de septiembre de 2019

 

Ha sido una constante en el México moderno el tratar de resolver problemas a través de la creación y ampliación de los derechos en una nación con tanta desigualdad, a partir de la Constitución de 1917.

 

Impulsadas por pensadores de vanguardia, la creación de las llamadas garantías sociales (educación, salud, propiedad social, trabajo, etcétera) vino a tratar de equilibrar –al menos en la letra– las políticas seguidas por los gobiernos a partir del ordenamiento constitucional de 1857.

 

Esto permitió incluir las principales demandas populares presentadas por los liderazgos y las organizaciones que condujeron la lucha revolucionaria entre 1910 y 1917, principalmente campesinas y obreras.

 

No andaban errados los liderazgos sociales de entonces, porque con la inclusión de los derechos sociales lograban un equilibrio político muy necesario, para tratar de garantizar en los hechos el disfrute de las garantías individuales ya incluidas, buscando lograr mínimos niveles y un equilibrio deseable entre las aspiraciones de igualdad y justicia.

 

El desafío para los gobiernos de 1921 en adelante, era cumplir y buscar promover los accesos a esas garantías en la práctica, en una nueva realidad dentro de una nación semi destruida en su infraestructura por las luchas revolucionarias, unas finanzas públicas en bancarrota y enormes presiones internas y externas de grupos de poder por la puesta en práctica de la nueva Constitución, sobre todo en lo relativo al petróleo, la propiedad agraria, la minería y los derechos laborales.

 

Con todo eso, la educación pública era ya un derecho constitucional, en una nación que andaba en tasas de analfabetismo cercanas al 70%.

 

¿Cómo hacer efectivo en la práctica ese derecho a la educación sin escuelas normales ni suficientes maestros preparados, para enviarlos a todas las regiones de México y cumplir con la norma constitucional?

 

En 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de Obregón y Calles le dan un impulso importante al combate al analfabetismo, a través de la escuela rural, promueven las misiones culturales y las de hijos de trabajadores. El presidente Portes Gil le otorgaría en 1929 la autonomía a la UNAM.

 

En el gobierno de Lázaro Cárdenas se decretó que la educación primaria sería obligatoria, y que la educación que brindara el Estado mexicano sería socialista. Cárdenas impulsa también la fundación del Politécnico.

 

Lo de "educación socialista" quedó en letra muerta ante el gran debate nacional que provocó y lo de "hacerla obligatoria" también, porque no había los suficientes maestros ni las escuelas normales para formarlos.

 

Fue en 1946 cuando volvió a establecerse la obligatoriedad de la primaria,  y así sucesivamente hasta que las posibilidades presupuestales y el crecimiento demográfico se encargaron de volver a modificar los plazos y realmente la demanda de educación primaria "para todos" se pudo cumplir medianamente hasta finales de los ochenta del siglo XX. El analfabetismo mientras tanto disminuyó del 70 % en 1921 al 17 % en 1980 y al 4.1% para el ciclo escolar 2018-2019.

 

Antes, y a partir de 1978, se operó un gran esfuerzo de desconcentración administrativa de la SEP hacia los estados, para atenuar el centralismo educativo y la complejidad en la administración del sector educativo, que por su gran crecimiento en todas las áreas se había burocratizado en demasía, generando lentitud y dispersión en la mayoría de los niveles educativos en la República. La descentralización fue un hecho con el Acuerdo para la Modernización de las Educación Básica de 1992.

 

A la par, el artículo 3º de la Constitución sufrió sucesivas reformas en 1934, 1946, 1980, 1992, 1993, 2002, 2012 y 2013, para irlo adaptando a los cambios sociales y políticos con impacto en la Educación. La Constitución se fue adecuando a los cambios experimentados en México.

 

El crecimiento demográfico por su lado, experimentó cambios importantes pasando de una tasa del 3.2 % a menos del 1.5 % en la actualidad, lo que generó un decrecimiento en el número de hijos por familia —de un promedio de 8 o 10 hijos por familia en 1950 a menos de tres en el 2006.

 

Y fue hasta 1993 cuando se estableció claramente el derecho de todo individuo a recibir educación, la obligación del Estado de impartirla y su obligatoriedad, aunque ya desde 1946 la primaria era obligatoria, la secundaria lo fue en 1993, el nivel preescolar la estableció en 2002 y la media superior a partir de 2012 (con un transitorio que obligó a los Estados y la CdMx a cumplir con la demanda a más tardar en 2022).

 

La obligatoriedad de la educación superior se estableció como una primera medida de nueva reforma del artículo 3º impulsada por el gobierno auto nombrado de la cuarta transformación, estableciendo en la fracción X lo siguiente: "La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades, federal y locales, establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidades términos que la ley señale. Así mismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas".

 

Al respecto dice Mónica González Contró, que "En primer lugar la educación es obligatoria para los educandos, es decir aquellos que deben concurrir a recibirla. Se trata de un derecho obligatorio, lo que supone que sus titulares no pueden renunciar a su ejercicio. Este tipo de derechos es común en el caso de las niñas y los niños, pues por su condición de desarrollo no se les reconoce la capacidad jurídica para decidir sobre el cumplimiento de una buena parte de sus derechos humanos".

 

Eventos educativo de verdadero impacto han sido la creación de la SEP; la autonomía de la UNAM; la fundación del Politécnico; la creación del Capfce (1944); la ampliación de las escuelas normales federales y estatales; la creación de los tecnológicos regionales (1947, hoy Tecnológico Nacional); la expansión de las universidades estatales; la creación del sistema de educación tecnológica de secundaria al nivel superior; las históricas jornadas de alfabetización; la creación del Libro de Texto Gratuito; la Universidad Metropolitana; la educación especial; la educación para adultos; la educación abierta; la Universidad Pedagógica Nacional; la amplia cobertura del sistema educativo nacional, que a la fecha atiende a 36.5  millones de mexicanos (informe SEP, 2018).

 

Con el tiempo, el sistema educativo creció en cantidad pero se estancó en su calidad. ¿Las causas? Entre otras: El debilitamiento del Estado en la rectoría de la educación, así como la desigualdad social y la pobreza.

 

Ante eso, en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se impulsaron cambios  educativos, apoyado por todos los partidos políticos, en el marco del llamado Pacto por México. La CNTE nunca aceptó esos cambios, lo que afectó la gobernabilidad de una parte del sistema educativo. Y del sexenio pasado.

 

El sistema ha experimentado nuevos cambios. El Presidente Andrés Manuel López Obrador basó su campaña electoral atacando a la política educativa del presidente Peña Nieto (irónicamente la mejor evaluada de sus reformas) y la acusó de "punitiva, laboral y persecutora de los profesores". En esa campaña fue apoyado por la antigua CNTE, con alta presencia en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Ciudad de México, representando aproximadamente al 10 % del magisterio nacional.

 

Mediante la novena reforma del artículo 3º constitucional en 85 años y la expedición de una nueva ley federal de educación, que desaparece el INIFED (ex capfce); otra llamada de mejora continua (sic) (que abroga la ley del INEE);  y la Ley de Carrera Magisterial que sustituye a la del Servicio profesional docente y que restablece la plaza automática -de la que ya se quejaba Torres Bodet: "No se conformaban con tener su plaza asegurada, sino que exigían quedarse en la capital" decía- a los egresados de las escuelas normales.

 

Para las oposiciones, se trata de borrar la mayor parte de la reforma de Peña Nieto y acceder a las presiones realizadas por la CNTE a lo largo de los primeros nueve meses de gobierno. Argumentan que ha sido una reforma sin consenso con el SNTE -que solo se defiende de los embates- sin los gobernadores de los estados -que hasta ahora han guardado silencio-, y sin la participación de las organizaciones civiles -los principales críticos-. Destacan que se impuso la mayoría de Morena y sus aliados para aprobarlas bajo la presión de la CNTE en una tensa y larga jornada legislativa, mediante plantón por fuera del edificio del Congreso. Destacan que se trata de una reforma regresiva con más detractores que apoyadores y que se avecinan tensiones y tiempos difíciles para el sistema educativo nacional. Vale para ésta lo que anteriormente sostenía Aurora Loyo Brambila: "La prueba de fuego de esta reforma consistirá en la consistencia que muestre para orientar y dar cauce a los desarrollos necesariamente conflictivos de un sistema educativo en el que se dirimen visiones e intereses de una multiplicidad de actores involucrados".

 

bulmarop@gmail.com