¿Vendrá el de la SEP con torta bajo el brazo?

No solo café
Azalea Lizárraga C.

¿Vendrá el de la SEP con torta bajo el brazo?

Me atrevería a decir que la renuncia de Aurelio Nuño como Secretario de Educación Pública fue tomada con un cierto grado de indiferencia en el ámbito educativo, a excepción de la disidencia magisterial e integrantes  de la Coordinadora Nacional, CNTE, que pudieron hasta haberse alegrado, claro está que por brevísimos instantes. En el aspecto político es otra cosa, porque Nuño será, si el diablo no mete la cola, el coordinador nacional de la campaña del cuasi candidato priista, José Antonio Meade Kuribreña. 

Pudiera pensarse también que la llegada a la titularidad de la SEP del Licenciado en Derecho y Maestro en Ciencias Políticas, Otto Granados Roldán, no implica cambios significativos en el devenir de la secretaría, considerando que le tocará conducirla solo por lo que resta del sexenio de Peña Nieto; un presidente que se debilitará aún más políticamente y empezará a desdibujarse en el imaginario colectivo en cuanto Meade sea ungido como el presidenciable del tricolor. Al menos eso dicen los viejos cánones de la política mexicana.

Otto Granados es un dinosaurio de colmillo filoso, que llega precedido de una amplia trayectoria política, así como un interés e injerencia real en el ámbito educativo, por lo que difícilmente pueden pensar los opositores a la reforma educativa, que existen esperanzas de desarticular las medidas tomadas por Nuño.

De hecho, Granados se desempeñaba como Subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación de la SEP, por lo que suponemos las cosas seguirán casi igual y, mínimamente, se implementarán algunas medidas que garanticen la estabilidad en el ámbito educativo en lo que resta del sexenio.
No podemos augurar mejoría significativa porque en el ámbito educativo los cambios tardan en hacerse sentir y sabemos que el final de un sexenio es solo para dar golpes de timón desde las esferas del poder, más no producto de la reflexión y el consenso que debiera imperar para pautar el camino que nos conduzca a mejorar, no solo los niveles de escolaridad, sino la calidad de la educación que imparte el estado y la que por Ley debe regular y/o apoyar para que así suceda.
En países como el nuestro, donde se pagan sueldos que no permiten el bienestar de una gran población de mexicanos; y donde los maestros no son todavía compensados satisfactoriamente por el profesionalismo que imprimen en su diaria tarea, es lógico encontrar manifestaciones de descontento entre la clase magisterial de todos los niveles educativos del sector público.

Justo es reconocer que también co-existen en sus filas gremiales, sectores donde el sindicalismo a ultranza impide el avance educativo, sobre todo en ciertas regiones del sur del país; y que, si los docentes que laboran en el sector privado no manifiestan su descontento, no significa que no exista, sino que son particularidades de la inseguridad laboral que hacerlo representa. 

Algo debería hacerse para garantizar que la noble tarea del magisterio tuviera reglas claras y precisas para recompensar la titánica labor de formación integral que nuestros hijos reciben en la escuela y que, se supone, complementa la educación formativa que reciben en sus hogares.   
Por lo pronto, empezar con presupuestos justos para todos los niveles educativos debería ser mandato de ley.  

Al respecto, desearía enfocarme al presupuesto que reciben las instituciones de educación superior pública,  quienes viven en una constante incertidumbre, lo que implica invertir muchas horas de trabajo en la búsqueda de recursos económicos para completar los pagos que por contrato colectivo deben realizar, sumado al cómo solventar los múltipes gastos adicionales que el presupuesto ordinario no contempla y que derivan siempre en intensa actividad paralela de gestión de recursos extraordinarios ante instancias estatales y/o federales, para brindar una mejor educación y diferenciarse como una institución educativa de calidad.

En estos tiempos de transparencia, en los que deben intensificarse esfuerzos para la adecuada y correcta utilización de los recursos públicos, bien vale la pena analizar los perfiles de las instituciones educativas. Al respecto, la Universidad de Sonora, por ejemplo, acaba de recibir la grata noticia de que en el Padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico que publica el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), está considerada en el tercer lugar a nivel nacional y primero en la región noroeste del país.

Ello implica que nuestros egresados obtienen resultados sobresalientes en el examen general de egreso de licenciatura (EGEL), lo que debe ser motivo de profundo orgullo para los sonorenses, ya que ello implica que los búhos universitarios cuentan con los conocimientos y habilidades requeridas para ejercer profesionalmente y, más aún, con la formación integral que nos llevará a un desarrollo armónico y sustentable del estado. En otras palabras, profesionistas competitivos en sus áreas.

La UniSon se ha ganado a pulso -con su accionar, vinculación con la sociedad y resultados que ofrece- poder contar con un presupuesto justo y acorde a sus necesidades. Cierto es que la propuesta del Gobierno del Estado se incrementó considerablemente respecto al año pasado, pero todavía quedan huecos significativos por solucionar. Y aunque como dicen los rectores, al final del día, el gobierno siempre responde y brinda solución a sus necesidades, se vale tratar de empezar el año sin angustias para dedicar el tiempo a acciones más productivas, académicamente hablando. 

La pelota está en manos del Congreso; los señores diputados tienen la última palabra: se ponchan o pegan home-run. Crucemos los dedos; no hay de otra.
azaleal@golfo.uson.mx
@Lourdesazalea